Colombia ajusta la facturación electrónica y limita la cantidad de datos necesarios para expedir la factura

El ecosistema de la facturación electrónica en Colombia continúa evolucionando. El 31 de marzo de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución 000202, que modifica disposiciones de la Resolución 000165 de 2023 e introduce cambios relevantes en la forma en que se emiten los documentos electrónicos y se gestionan los datos de los consumidores.

Esta medida refuerza dos frentes: por un lado, limita la recolección de información personal en el punto de venta; por otro, redefine condiciones operativas para la facturación de servicios públicos. En ambos casos, el eje vuelve a ser el mismo: la factura electrónica como instrumento de control, trazabilidad y protección del usuario.

Estandarización de la información mínima para la emisión de la factura

A partir de la nueva resolución, cuando un cliente solicite una factura electrónica o un ticket a su nombre, los comercios solo podrán pedir:

• Nombre y apellidos o razón social
• Tipo y número de identificación
• Correo electrónico, necesario para el envío de la representación gráfica

Con esta definición, la DIAN busca frenar prácticas en las que se pedían datos adicionales sin relación directa con la emisión del comprobante. Al mismo tiempo, cuando el comprador no solicite la factura a su nombre, el documento deberá emitirse como "consumidor final", por lo cual no será necesario recabar información personal.

En la práctica, esto simplifica la experiencia en el punto de venta y, al mismo tiempo, estandariza la información mínima que debe contener cada documento electrónico.

En desarrollo una herramienta para consulta de datos

De forma complementaria, la DIAN anunció la habilitación de un servicio de consulta que permitirá a los facturadores obtener el nombre y correo electrónico del cliente a partir de su número de identificación.

Este servicio estará diseñado con restricciones para evitar usos indebidos, ya que no permitirá descargas masivas de información. Con ello, la autoridad busca facilitar la emisión de la factura sin ampliar la exposición de datos personales.

Se clarifican las reglas para las facturas de servicios públicos

La Resolución 000202 también introduce ajustes en el documento equivalente electrónico para los servicios públicos domiciliarios.

Por un lado, se establece que las empresas prestadoras no podrán incluir cobros por bienes o servicios distintos a los inherentes al servicio, salvo que exista autorización expresa del usuario. Con esta medida, la DIAN busca evitar cargos no reconocidos y reforzar la transparencia en la facturación.

Por otro lado, la norma incorpora una solución operativa para contextos donde la conectividad es limitada. En estos casos, las empresas podrán generar y entregar el documento en físico durante la visita, y posteriormente contarán con un plazo de hasta 48 horas para transmitir la información electrónica a la DIAN.

De esta manera, se mantiene la continuidad del servicio sin romper el esquema de validación electrónica.

Lo que cambia en la operación diaria

La entrada en vigor de estas disposiciones, efectiva desde su publicación en el Diario Oficial, implica ajustes inmediatos en los sistemas de facturación y en los procesos de captura de datos.

Para los comercios, el cambio se traduce en flujos más simples en el punto de venta y en reglas más claras sobre qué información solicitar. Para las empresas de servicios públicos, el reto está en asegurar que la emisión y posterior transmisión de los documentos cumpla con los tiempos establecidos.

En todos los casos, la calidad y consistencia de la información contenida en los documentos electrónicos vuelve a ser determinante.

Con menos datos el cumplimiento se simplifica

La actualización confirma una tendencia regional en el sentido de que la autoridad fiscal ajusta reglas, pero el control se construye sobre la información que viaja en cada comprobante.

En ese entorno, emitir correctamente una factura electrónica coloca al contribuyente en la senda del cumplimiento y asegurar que la operación esté respaldada desde el origen.

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