CIBERSEGURIDAD EN CHILE NUEVAS AMENAZAS, NUEVAS LEYES Y UN CAMBIO DE ENFOQUE

La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo de áreas técnicas y pasó a ocupar un lugar central en la agenda pública y empresarial en Chile. El aumento de ataques informáticos, filtraciones de datos y fraudes digitales ha impulsado cambios regulatorios profundos, junto con una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger la información y los servicios críticos del país.

En este escenario, Chile vive una etapa clave: nuevas leyes ya están en vigor, otras entrarán pronto en aplicación, y las organizaciones deben adaptarse a un marco normativo mucho más exigente.

El nuevo marco legal de la ciberseguridad en Chile

Uno de los hitos más relevantes es la entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley N° 21.663). Esta normativa marca un antes y un después, ya que establece por primera vez obligaciones claras y fiscalizables en materia de seguridad digital.

La ley introduce un enfoque basado en la gestión de riesgos y la continuidad operacional, dejando atrás la idea de que la ciberseguridad es solo una recomendación técnica.

Entre sus principales novedades destacan:

• La creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), organismo encargado de coordinar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

• La definición de Servicios Esenciales y Operadores de Importancia Vital (OIV), que deben cumplir estándares más altos de seguridad.

• La obligación de reportar incidentes de ciberseguridad relevantes dentro de plazos definidos.

• Un régimen de sanciones y responsabilidades, que refuerza la importancia del cumplimiento.

Este marco legal alinea a Chile con estándares internacionales y responde a la creciente sofisticación de las amenazas digitales.

Política Nacional de Ciberseguridad: más que una ley

La regulación no avanza sola. La Política Nacional de Ciberseguridad 2023–2028 establece una hoja de ruta para fortalecer la resiliencia digital del país. Su foco no está solo en la reacción ante incidentes, sino también en la prevención, la educación y la cooperación entre el sector público, privado y académico.

Algunos de sus ejes más relevantes son:

• Formación de capital humano especializado en ciberseguridad.

• Promoción de una cultura de seguridad digital en la ciudadanía.

• Cooperación internacional frente a amenazas transfronterizas.

• Protección de infraestructuras críticas y servicios digitales del Estado.

Este enfoque integral reconoce que la ciberseguridad es un desafío social y estratégico, no únicamente tecnológico.

Protección de datos personales y ciberseguridad: un vínculo cada vez más fuerte

Otro cambio clave es la modernización de la legislación sobre protección de datos personales, que eleva las exigencias sobre cómo las organizaciones recopilan, almacenan y protegen la información.

La nueva normativa introduce principios como la responsabilidad proactiva, la transparencia y la seguridad por diseño, obligando a las empresas a demostrar que cuentan con medidas técnicas y organizativas adecuadas para prevenir brechas de seguridad.

En la práctica, esto significa que una falla de ciberseguridad ya no es solo un problema técnico: puede convertirse en un riesgo legal, reputacional y económico.

Impacto real en empresas y organizaciones

Las nuevas normas están generando cambios concretos en la forma en que las organizaciones operan:

• Mayor inversión en controles de seguridad, monitoreo y respuesta a incidentes.

• Incorporación de políticas internas y planes de continuidad operacional.

• Mayor participación de la alta dirección en decisiones de ciberseguridad.

• Exigencias más estrictas a proveedores y terceros.

Para muchas empresas, el desafío ya no es si deben invertir en ciberseguridad, sino cómo hacerlo de manera estratégica y sostenible.

Desafíos que aún persisten

A pesar de los avances, Chile enfrenta desafíos importantes:

• Escasez de profesionales especializados en ciberseguridad.

• Dificultades de las pymes para cumplir con estándares complejos.

• Evolución constante de amenazas como ransomware, phishing avanzado e inteligencia artificial maliciosa.

• Necesidad de mayor coordinación público-privada en la gestión de incidentes.

Superar estos desafíos requerirá no solo regulación, sino también colaboración, innovación y educación continua.

Conclusión

Chile se encuentra en un punto de inflexión en materia de ciberseguridad. Las nuevas leyes y políticas reflejan una comprensión más madura del riesgo digital y establecen bases sólidas para proteger a la sociedad y la economía en un entorno cada vez más conectado.

Sin embargo, el verdadero éxito de este nuevo marco dependerá de su implementación práctica y del compromiso real de las organizaciones. En ciberseguridad, cumplir la norma es solo el primer paso; construir resiliencia digital es el verdadero objetivo.