A partir de octubre de 2024, Perú aplicará un IGV del 18% a servicios digitales como streaming, almacenamiento en la nube, redes sociales y aplicaciones de citas. Esta medida se formalizó en el Decreto Legislativo N.º 1623 y forma parte del esfuerzo para alinearse con estándares de países de la OCDE.
Conocido popularmente como ‘impuesto Netflix’, esta modificación no representa un nuevo impuesto, sino una forma de recaudar el IGV (Impuesto General a las Ventas) de compañías extranjeras que ofrecen servicios digitales en el Perú sin estar domiciliadas en el país. La SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) busca así que empresas digitales que no tienen sede en el Perú cumplan con sus obligaciones fiscales cuando sus consumidores son personas naturales en territorio nacional.
Estas son algunas de las plataformas digitales que estarán sujetas al 18% de IGV:
Para que las plataformas digitales puedan tributar en el país, la SUNAT solicita que se inscriban con un RUC (Registro Único de Contribuyentes). Sin embargo, en caso de que las empresas no cumplan con este requisito, se propone que los bancos actúen como agentes de retención. Esto significa que, al realizar un pago a una empresa de servicios digitales, el banco retendría automáticamente el 18% del impuesto y lo incluiría en el cargo de la tarjeta. Por ejemplo, si un consumidor paga 100 soles por un servicio, el banco retendría 18 soles adicionales, cobrando en total 118 soles.
Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, advierte sobre algunos problemas potenciales. La capacidad de los bancos para identificar correctamente qué transacciones están sujetas al impuesto depende de un monitoreo detallado de cada pago, lo que podría dificultar la precisión del cobro.
Este impuesto podría impactar directamente los precios de los servicios digitales si las empresas deciden trasladar el costo al consumidor. Algunos ejemplos de posibles aumentos son:
La aplicación del ‘impuesto Netflix’ refleja el esfuerzo del Perú por integrarse a las políticas fiscales internacionales, garantizando que las plataformas digitales contribuyan al país de forma equitativa. Aunque el impacto en los precios genera inquietud, la medida busca una recaudación justa y alineada con la práctica en otras economías latinoamericanas y de la OCDE